El gobierno de los 100 años

* De asumir Alfredo del Mazo Maza la gubernatura mexiquense, lo hará con el apoyo del 11.8 por ciento de la población total, pues de los 17 millones 363 mil 387 mexiquenses que según Conapo, vivimos actualmente en la entidad, sólo 2 millones votaron por él, es decir gobernará como todos sus predecesores, con una minoría.

 

Félix Santana Ángeles

El sistema político-electoral mexicano está diseñado para evitar que las fuerzas opositoras reales asuman la titularidad del gobierno del Estado de México, pues de esta entidad emana la fuente del poder económico, empresarial, político e incluso espiritual que le da sustento. Esto garantiza, de entrada, el manejo casi discrecional más de 260 mil millones de pesos de presupuesto.

Perder la entidad mexiquense significaría el fin del binomio política-negocios iniciada por Isidro Fabela Alfaro en 1942, perfeccionado por Carlos Hank González y llevado a sus excesos más grotescos por Montiel, Peña y Eruviel. En su conjunto representa un modelo de “hacer política”, que se apropia del patrimonio público para uso personal y utiliza a las instituciones para garantizar la reproducción de sus inversiones, privatizando las ganancias y socializando las pérdidas.

Para evitar cualquier riesgo contra su voracidad, han construido un complejo modelo electoral que transforma minorías electorales en mayorías gubernamentales, que sólo en el imaginario representan a la mayoría de la sociedad, por ejemplo en 1999, cuando Arturo Montiel asumió la gubernatura con un monumental fraude electoral que le llevó a comprar diputados panistas para tener el control del Congreso local, sólo el 10.8 por ciento de la población total lo respaldó en las urnas, pasando a la historia como el gobernador con la menor base social y mayor rechazo electoral.

De asumir Alfredo del Mazo Maza la gubernatura mexiquense, lo hará con el apoyo del 11.8 por ciento de la población total, pues de los 17 millones 363 mil 387 mexiquenses que según Conapo, vivimos actualmente en la entidad, sólo 2 millones votaron por él, es decir gobernará como todos sus predecesores, con una minoría.

No importan los presupuestos millonarios asignados desde el Estado para salvaguardar la democracia mexiquense, los 2 mil 228 millones de pesos destinados al Instituto Electoral del Estado de México o los 149 millones 80 mil 700 pesos al Tribunal Electoral del Estado de México, el problema no es presupuestal, sino estructural.

El sistema electoral actual asegura que sólo triunfen los candidatos que le garanticen la  subsistencia del modelo, es decir, las elecciones sólo son la puerta de entrada para mantener el status quo o que las cosas no cambien, es impermeable a las transformaciones internas y externas y de sus características por excelencia es que el modelo no es democrático, sino profundamente autoritario.

La exigencia nacional de varios sectores “progresistas” frente a su complicidad disfrazada de incompetencia institucional, de que renuncien los Consejeros del Instituto Nacional Electoral y los Consejeros del IEEM, no acabará con el problema, ya que la defectuosa democracia procedimental sólo es un síntoma del profundo cáncer que padece nuestro país y actualmente está haciendo metástasis, infectando a todos los demás integrantes del Estado mexicano.

Para extirparlo, será necesaria una intervención mayor que arranque de raíz los intereses mafiosos convertidos en gobiernos constitucionales, que inicie una cruzada en contra de la corrupción de las instituciones gubernamentales y castigue de manera ejemplar a quienes se han enriquecido robando los recursos públicos. Será necesario enjuiciar y encarcelar a políticos corruptos, decomisar sus bienes y reconstruir el tejido social que durante décadas se encargaron de aniquilar para facilitar el saqueo.

Para algunos intelectuales como Edgardo Buscaglia, la primera gran transformación para iniciar nuestra recuperación es la reforma electoral con tres tipos de controles o, como él le llama, auditorías patrimoniales, ciudadanas y de Estado, aplicadas desde las candidaturas; su lógica resulta interesante, pues asegura que no se puede esperar de un sistema electoral diseñado por las mafias, reformas judiciales en contra de ellas. Propone además que los consejeros integrantes del INE sean resultado de asambleas ciudadanas y no elegidos por los partidos o por el Estado.

A diferencia de Buscaglia, por quien siento gran admiración, cada vez estoy más convencido de que la transformación de nuestro país no vendrá de un sistema político-electoral reformado, atemperado por las estructuras partidarias actuales que se benefician de manera directa por acceder a su financiamiento, sino de una irrupción social, un levantamiento ciudadano que no permita ser conducido por los partidos actuales, sino por el contrario, que sean los partidos sólo instrumentos para la manifestación social mayoritaria.

Así se evitará lo que sucedió en el Estado de México el pasado 4 de junio del 2017, cuando la población votó mayoritariamente en contra del PRI y su candidato, pero la falta de talento, inteligencia política o estrategia electoral hicieron que una minoría, con el menor porcentaje de votación, una sola familia mantenga el control del gobierno por casi 100 años.

Al estilo Liverpool

 

* El precio de una acción de Liverpool es de 143.80 pesos, nada que ver con los 284.84 pesos que valía el 12 de octubre de 2015. En 20 meses perdió el 49.52 por ciento del valor de sus acciones, aunque aseguren que por su éxito han decidido incrementar su plan de inversión y expansión. En esta parte, hacen necesaria la participación del gobierno para que brinde todas las facilidades para privatizar las ganancias y socializar las pérdidas.

 

Félix Santana Ángeles

Toluca, México; 24 de junio del 2017. Desde su oficina de Comunicación, el 19 de junio de 2017, bajo el folio 36289, el gobierno del Estado de México anunció la construcción de dos retornos vehiculares en Paseo Tollocan, entre las calles de Ignacio Comonfort y Alfredo de Mazo, para mitigar el impacto ambiental, disminuir la saturación vial y reducir los contaminantes de 35 mil autos que circulan todos los días. Con ello, dice el comunicado, permitirá el acceso a vehículos ligeros que vayan con dirección a la Ciudad de México o al centro de Toluca.

Al otro día, decenas de ciudadanos se movilizaron para acampar de manera indefinida sobre el camellón de Paseo Tollocan y evitar el derribo de 100 árboles que se interponen con ese proyecto. Ese mismo día, el gobernador Eruviel Ávila ordenó posponer la construcción, mientras se presenta el proyecto a la sociedad civil en mesas de diálogo, aunque advirtió que la obra no se cancelaría.

El 21 de junio, los secretarios Francisco González Zoyoza y Raúl Vargas Herrera de Infraestructura y Medio Ambiente, respectivamente, presentaron el Plan Integral de Movilidad en Paseo Tollocan. Dijeron que la obra constaría de dos puentes deprimidos, que esperarían una circulación de 400 vehículos por hora y su costo sería de 140 millones de pesos aportados por Grupo Galerías. También argumentaron que aunque se afectarían 200 árboles, se sembrarían al menos 3 mil con lo que combatirían la emisión de 810 mil kilogramos de CO2. Toluca, por otra parte, es la segunda ciudad mexicana con peor calidad del aire, según el ranking de la Organización Mundial de la Salud, publicado en 2016.

Posteriormente, el secretario de Infraestructura entregó el Plan de Movilidad al nuevo rector de la Universidad Autónoma del Estado de México para que, con “rigor científico”, emitiera una opinión y determinar si deberían seguir adelante con la obra. En este punto, resulta simpático encargar un estudio “independiente” a quien ha sido señalado por perseguir a sus opositores políticos como el maestro Fermín Carreño, por expresar que su nombramiento como rector fue impuesto por el gobernador.

La falta de conocimiento en la materia o el abuso de atribuciones por parte de la autoridad exponen a la administración de Eruviel Ávila como improvisada o incapaz de articular un proyecto vial, en este caso vinculado a la inversión de 2 mil 260 millones de pesos que hiciera la empresa mexicana El Puerto de Liverpool. El 9 de marzo de 2014, el entonces secretario de Desarrollo Económico del Edomex, Adrián Fuentes Villalobos, informó que se cumplieron con los dictámenes de impacto ambiental, de protección civil y factibilidad vial, aunque nunca se dieron a conocer públicamente.

De acuerdo con el Programa Anual de Obras 2017, de la Secretaría de Infraestructura y de la Junta de Caminos del Estado de México, los dos retornos vehiculares sobre el Paseo Tollocan no se encuentran registrados. Una explicación la podríamos encontrar en el texto contenido en la página 7 de la Gaceta Ecológica de la Semarnat, del 13 de febrero de 2014: “el proyecto se plantea con la finalidad de tener acceso seguro y eficiente al centro comercial mediante un túnel de acceso que se conectará al sótano del Centro Comercial Galerías Toluca”, es decir, será una obra de alto impacto público pero con beneficio privado, exclusivo para los inversionistas del Grupo Liverpool.

Plaza Galerías Toluca, presidida por Max David y dirigida por Jorge Salgado Martínez, tiene 53 mil metros cuadrados de área de venta y 159 mil metros de área de construcción, ahí aseguran dar empleo a 2 mil 200 mexiquenses; cuenta con nueve almacenes, cuatro centros comerciales y dos centros de distribución donde se emplean a 6 mil 600 mexiquenses. Parece ser un negocio exitoso.

Sin embargo, la calificadora Standard & Poor´s, que sabe de inversiones, declaró el 30 de enero de 2017 que la tienda departamental El Puerto de Liverpool podría tener un 2017 complicado por la calificación de “riesgo crediticio”, y en escala global le asignó BBB+, con perspectiva negativa. La misma calificación le otorgó Fitch Ratings, en julio del año 2016. En esos momentos Liverpool había comprado a la empresa mexicana Suburbia y la chilena Ripleys, el problema es que con altas tasas de interés y la débil economía nacional el riesgo de estabilidad para la empresa es mayor.

Actualmente, el precio de una acción de Liverpool es de 143.80 pesos, nada que ver con los 284.84 pesos que valía el 12 de octubre de 2015. En 20 meses perdió el 49.52 por ciento del valor de sus acciones, aunque aseguren que por su éxito han decidido incrementar su plan de inversión y expansión. En esta parte, hacen necesaria la participación del gobierno para que brinde todas las facilidades para privatizar las ganancias y socializar las pérdidas.

La cercanía de Eruviel Ávila con el sector empresarial se consuma el 24 de junio de 2017, al contraer nupcias con María Irene Dipp Walther, Directora de Presidencia de Coparmex Nacional y sobrina del actual presidente del mismo organismo Gustavo de Hoyos Walther; un gobernador más que subordina la acción estatal y las necesidades de la sociedad, al servicio de las fuerzas del mercado y a la lógica del consumo y  la competencia.

Los jóvenes en plantón sobre Paseo Tollocan no sólo protegen al centenar de árboles que pretenden derribar, su lucha no se circunscribe sólo a la ciudad de Toluca, por el contrario, su disputa encarna la resistencia a la voracidad capitalista que nos exige poner límites al mercado, a las industrias y al consumo no regulado, factores clave para combatir el cambio climático. Poner límites no significa restringir libertades, sino salvaguardar la dignidad y la calidad de vida de las generaciones actuales y futuras.

Esta experiencia muestra que las acciones más radicales no se encuentran en la violencia, sino en la determinación, la creatividad, información y disciplina. No resultaría extraño que como medida de presión social, para detener el ecocidio, las energías del movimiento #abrazacemosTollocan se dirigieran en boicot contra de Liverpool como fuente de los problemas, porque ha abusado y coludido con la corrupción burocrática, disfrazada de incompetencia gubernamental.

Demagogia rosa

 

* El valor económico del trabajo no remunerado doméstico y de cuidados, alcanzó el equivalente a 4.4 billones de pesos, lo que representa el 24.2 por ciento del Producto Interno Bruto Nacional, superando a cualquier otra actividad económica como la industria manufacturera, comercio o servicios inmobiliarios que representan el 18, 17 y 11 por ciento del PIB, respectivamente.

 

Félix Santana Ángeles

Cuando Alfredo del Mazo se autonombró “el próximo gobernador de las mujeres”, durante el inicio su campaña, el 3 de abril de 2017, en el municipio de Ecatepec, frente a un auditorio con más de 6 mil mujeres, también reveló el anuncio central de su campaña para conquistar el voto femenino a través del “Salario Rosa”, que consiste en pagar mil 200 pesos cada dos meses a las amas de casa, además de aumentar de 10 mil a 20 mil el número de cámaras de videovigilancia, algo así como un “C4 Rosa”; colocar un millón de luminarias en las colonias con altos índices delictivos, depurar los cuerpos de policía y poner botones de pánico para las mujeres que se sientan amenazadas o en riesgo. La verborrea política continuó con el “transporte público rosa” y concluyó con la “Universidad Rosa”.

Una revisión del documento de 221 páginas denominado “Plataforma Electoral y Programa de Gobierno 2017-2023. Acción con visión por el Estado de México”, presentado por el PRI, PVEM, Nueva Alianza y Encuentro Social ante el Instituto Electoral del Estado de México, revela que más allá de cumplir con el requisito legal y describir de manera sucinta la problemática del Estado de México y las acciones para resolverla, en ninguno de sus 10 ejes temáticos están las propuestas rosas de la campaña.

La evidente falta de articulación entre la plataforma electoral y los discursos de Alfredo del Mazo nos puede llevar a concluir trastorno de personalidad. Sin embargo, la Real Academia de la Lengua nos da un acercamiento más objetivo a través del concepto “demagogia” al definirla como la degeneración de la democracia consistente en que los políticos, mediante concesiones y halagos a los sentimientos elementales de los ciudadanos, tratan de conseguir o mantener el poder. Esta podría ser la definición de la campaña para gobernador de Alfredo del Mazo, en la que los lugares comunes, las citas y ademanes ensayados construyen un discurso ausente de sustancia pero lleno de francas invenciones propagandísticas.

El problema es el desprecio del PRI y sus aliados al votante promedio, y que utilizando la necesidad económica intenta conquistar un voto a cambio de un mísero programa social llamado “Salario Rosa” a través transferencias monetarias directas de 20 pesos al día, lo que significan 600 pesos al mes o 7 mil 200 pesos al año. Esta promesa levantó aplausos y aumentó el respaldo femenino porque no excluía a ninguna ama de casa, sin embargo, quince días después, el 19 de abril, Alfredo del Mazo ya no daría Salario Rosa a los 4 millones 168 mil 206 hogares que hay en el Estado de México, ni siquiera al 28 por ciento de las viviendas con jefatura femenina, es decir, un millón 158 mil 268 hogares que son dirigidos por una mujer. Ahora rebajaría su propuesta y sólo se daría a las amas de casa más pobres. Esto significa Salario Rosa sólo para aquellos hogares que en su conjunto ganen menos de 3 mil 900 pesos al mes.

En los posgrados en Administración y Finanzas de la Universidad de Harvard no enseñan los mecanismos de implementación de este tipo de políticas públicas que de manera integral podrían dinamizar positivamente la economía mexiquense por su impacto económico multiplicador. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicó el 11 de enero de 2017 los resultados de la “Cuenta Satélite del trabajo no remunerado de los hogares de México”, donde establece que el valor económico del trabajo no remunerado doméstico y de cuidados, alcanzó el equivalente a 4.4 billones de pesos, lo que representa el 24.2 por ciento del Producto Interno Bruto Nacional, superando a cualquier otra actividad económica como la industria manufacturera, comercio o servicios inmobiliarios que representan el 18, 17 y 11 por ciento del PIB, respectivamente.

Pagar a todas las amas de casa con recursos públicos desde el gobierno del estado, las labores domésticas como cocinar y preparar alimentos y bebidas, poner y recoger la mesa, servir alimentos, recalentarlos, llevar comida a algún integrante del hogar al trabajo o escuela, limpiar y cuidar ropa y calzado, realizar compras y administrar el hogar, limpiar y dar mantenimiento al hogar y brindar cuidado y apoyo a los integrantes de la familia, supera por mucho la demagogia discursiva de Alfredo del Mazo, que aún no alcanza a comprender el valor promedio del trabajo de las amas de casa. Ello, de acuerdo al INEGI, se estima en 49 mil 586 pesos anuales, es decir 135 pesos diarios o 4 mil 75 pesos al mes, esto significa siete veces más que la promesa demagógica del salario rosa de su campaña.

 

 

 

Los trastornos del poder

* Vale la pena preguntarse si esta es la peor generación de gobernantes que por excepción nos tocó, o por el contrario, será la regla en la que toda persona que asume un espacio de poder público es susceptible de corromperse sólo porque puede.

 

Félix Santana Ángeles

Toluca, México; 3 de mayo del 2017. Frente a la vergonzosa numeralia nacional -doce exgobernadores priistas y panistas se encuentran detenidos y otros investigados por actos de corrupción, lavado de dinero, delincuencia organizada, narcotráfico, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y desvío de recursos públicos- vale la pena preguntarse si esta es la peor generación de gobernantes que por excepción nos tocó, o por el contrario, será la regla en la que toda persona que asume un espacio de poder público es susceptible de corromperse sólo porque puede.

Para intentar responder a esta pregunta utilizaremos conceptos provenientes de la neurociencia, que nos permitan superar filias y fobias políticas, y así ubicar un escenario de mayor objetividad.

De acuerdo con el doctor Eduardo Calixto, la respuesta a esta interrogante se encuentra en las ocho características de la forma en la que funciona el cerebro de los políticos, el cual trabaja de manera diferente al de otros seres humanos. Para más precisión, el área responsable del robo de miles de millones de pesos se encuentra en la corteza prefrontal del cerebro, donde se desarrollan complejos procesos congnitivos implicados en la toma de decisiones, relacionados con la personalidad y el comportamiento social que involucra el proceso de aprendizaje. Esto es, un proceso biológico condicionado por un proceso social y viceversa.

Es así que, a medida que el ser humano asume responsabilidades públicas o poder político sobre una población, su cerebro comienza a desensibilizar la parte más inteligente del cerebro (corteza prefrontal), perdiendo los límites de sus actos y experimenta la sensación de poder ejercer su voluntad, por irracional que esta sea, sin la menor consecuencia para esos actos.

La primera característica de estos personajes que advierten estos procesos de involución cerebral acelerado, es que no hablan de su entorno personal ni sus gustos, aficiones o temores e incluso llegan al ridículo de referirse a ellos mismos en tercera persona.

Una segunda pista que denota a una persona afectada por el poder es que, al sentirse supervisado, da explicaciones sin que se las pidan.

Por el contrario, la tercera característica se revela cuando toman una decisión y no explican su razonamiento, sino que justifican las acciones escudándose en el cargo que ostentan, algo así como “soy el presidente”, o “lo tuve que hacer por el bien de todos”. Además, la cuarta aparece cuando se les cuestiona su proceder. Ellos, normalmente, son violentos, caprichosos y manipuladores.

Una característica más que los hace un objeto de estudio divertido pero al mismo tiempo no, es que son personalidades con doble moral. Exigen conductas intachables a la población para pagar impuestos u observar la ley, sin embargo, están conscientes de los fraudes, trampas y robos pero lo toman como parte de la normalidad en el ejercicio del poder público.

La sexta característica: cuando intentan enfatizar su posición, resultan histriónicos o caricaturescos en extremo y en situaciones complejas tienden a victimizarse.

Como número siete, tienden a sobreestimar sus capacidades individuales, sobredimensionando su actuar y convirtiéndose, al menos para sí mismos y para su círculo más cercano, en el eje y centro de todas las atenciones menospreciando a quien emite una opinión crítica o distinta.

Así arribamos a la octava característica. Los personajes, asumido el poder, construyen una personalidad narcisista que, en el extremo del ridículo, tramitan ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Así, encontramos su nombre como marca registrada.

Con base en esta descripción se puede asegurar que el prolongado proceso de degradación social y gubernamental que se vive en México no es sólo culpa de las instituciones educativas que fueron incapaces de inculcar valores a sus alumnos y que posteriormente se convertirían en funcionarios públicos, sino también de las “neuronas espejo” alojadas en la corteza prefrontal y que, al incrementar el poder público, perdieron sensibilidad y con ello anularon progresivamente la parte más inteligente de su cerebro.

No comparto la visión de aquellos que consideran que la corrupción es parte inherente del ser humano, y si partimos de la premisa de que las averías cerebrales de los exgobernadores tienen su origen en el ambiente social, entonces debe ser en él donde se construyan y afinen los mecanismos reguladores de vigilancia sobre la clase política. Resulta un avance el instrumento 3 de 3 de las declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses de los gobernantes, pero no son suficientes. El sistema anticorrupción debe ampliarse a un análisis desde la neurociencia que permita evaluar las condiciones de normalidad de aquellos que aspiran a administrar miles de millones de pesos desde los cargos públicos para evitar trastornos cerebrales por culpa del poder.

 

El poder político de México

* Tenemos la esperanza de que en tribunales internacionales se alcance la justicia y sea nuestra generación la primera en ver a un expresidente mexicano enjuiciado y sentenciado por crímenes de lesa humanidad.

 

Félix Santana Ángeles

La virulenta reacción del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y de los dirigentes políticos del PRI y PAN en contra de los señalamientos que hiciera Andrés Manuel López Obrador en Nueva York sobre la participación del Ejército mexicano en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, saca a la luz pública el binomio cívico-militar que mantiene en el poder a la élite gobernante y desde hace varias décadas saquea los recursos naturales, implementando la  necropolítica como método para el uso y administración de la muerte que les garantiza el control social.

Este alto funcionario, que exige a AMLO pruebas para que las presente ante ministerio público, quiere aprovechar la disputa interna entre las diferentes facciones del gobierno de Enrique Peña Nieto para empujar la Ley de Seguridad Interior antes del proceso electoral de 2018, colocando a las fuerzas armadas en franca oposición a Morena.

Si quiere pruebas, habrá que recordarle al secretario de Gobernación que el pasado 31 de agosto de 2015 la Procuraduría General de la República (PGR), encabezada por Arely Gómez, entregó a la familia del normalista Julio César Mondragón Fontes 132 hojas foliadas con el logotipo de la empresa Telcel (Radiomóvil DIPSA, SA de CV). En el centro de cada foja se lee la leyenda “CONFIDENCIAL”, y forman parte del expediente de 54 mil páginas sobre el caso Ayotzinapa y contienen las comunicaciones del equipo celular del estudiante brutalmente asesinado.

La sábana de llamadas contiene, al menos, nueve tipos de datos: el “teléfono” de Julio, el “tipo” que registra diversos accesos a ese teléfono como datos por internet, mensaje de dos vías, voz saliente, voz entrante, voz tránsito, voz transfer y mensaje multimedia; el “número A”, que se refiere al número de aparato con el que se comunica; el “número B”, que es el servicio al que se enlaza; “fechas”; “hora” con minutos y segundos; “duración” de la actividad; “IMEI” (Sistema Internacional Móvil de Identidad) y “ubicación geográfica”.

En esos documentos se muestran comunicaciones, horarios y ubicaciones del número celular 7471493586 con el IMEI 353649051469880, propiedad del normalista ejecutado extrajudicialmente el 26 de septiembre de 2014 en Iguala Guerrero. Estos registros forman parte de las redes técnicas y mapas georreferenciados validados por la Dirección General del Cuerpo Técnico de Control (DGCTC) de la SEIDO y la Dirección de Análisis Táctico (DGAT) de la Coordinación de Investigación de Gabinete (CIG) de la División de Investigación (DI) de la Policía Federal, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Segob.

Si el secretario de Gobernación tiene un interés legítimo por resolver el tema de los 43 jóvenes desaparecidos, no tendrá inconveniente en preguntar a sus subordinados quién y con qué finalidad estableció comunicación con el celular de Julio César Mondragón Fontes a través de los números telefónicos 5585583974, 5561144296, 5561083626 y 5536438524, los días 17, 18 y 19 de octubre de 2014, 2 y 4 de abril de 2015, desde la coordenada 19 grados, 18 minutos 16 segundos latitud Norte y 99 grados, 14 minutos, 17 segundos longitud Oeste, que a propósito coinciden con las instalaciones del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), en la delegación Magdalena Contreras.

Exigen respeto a las fuerzas armadas y demandan pruebas sobre la participación de los soldados, pero hacen oídos sordos cuando en documentos clasificados el titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la PGR, Gualberto Ramírez Gutiérrez, exhibe la conexión entre el equipo celular modelo LG-L9 de Julio César Mondragón, y el interior de las instalaciones del Campo Militar 1A de la Ciudad de México, en Lomas de Sotelo, a través de los teléfonos 5511425164, 5551865625, 5513606680 y 5518155210 los días 21, 23, 25 y 27 de octubre y  1 de diciembre  de 2014.

Estas “pruebas” las publicamos el mes de agosto de 2016 en el libro “La guerra que nos ocultan” de editorial Planeta, los periodistas Miguel Ángel Alvarado, Francisco Cruz y Félix Santana, donde se expresa que el poder político en México no despacha desde el Palacio Nacional o la residencia oficial de Los Pinos sino en los cuarteles militares.

Frente al vacío de autoridad, las fuerzas armadas han subordinado a las autoridades civiles y militarizando las funciones de seguridad pública y basta examinar la reglamentación al artículo 29 Constitucional que permite establecer el Estado de Excepción en zonas específicas del país, suspendiendo derechos y garantías.

Lo mismo sucede al revisar las modificaciones al Código de Justicia Militar que faculta a la autoridad militar a ejercer funciones civiles en tiempos de paz, autoriza a los militares a catear domicilios y oficinas de los tres niveles de gobierno en despachos de los poderes ejecutivos, legislativos o judiciales, organismos constitucionales autónomos o instalaciones de la policía o el ministerio público, además de intervenir comunicaciones privadas e incluso ubicar en tiempo real dispositivos móviles de telecomunicación.

Para ampliar su control, pretenden implementar la Ley de Seguridad Interior con la cual legalizarían los patrullajes y retenes que actualmente realizan el Ejército y la Marina de manera inconstitucional, proponen establecer bases de operaciones móviles y fijas, puestos de seguridad, intercepción terrestre, áreas y marítima, reconocimientos, escoltas y brindar seguridad a las instalaciones estratégicas; también les permite utilizar cualquier método para la obtención de información, lo que implica un retroceso en materia de derechos humanos pues la tortura, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales o el secuestro se han convertido en los instrumentos generadores de inteligencia más socorridos por las fuerzas policíacas y militares de nuestro país.

En los últimos años hemos transitado lentamente hacia un Estado militar donde la guerra en contra del narco sólo es una fachada que ha permitido la consolidación de emporios económicos basados en el tráfico de drogas, el saqueo de los recursos naturales, el control de territorios o rutas comerciales, desplazando a comunidades enteras, ejecutando o “abatiendo” a los líderes sociales que se resisten a la implementación de la necropolítica para facilitar la neocolonización y saqueo de los recursos naturales, implementada desde los poderes fácticos y apoyada por el Estado con máquinas de guerra, institucionales o paramilitares al servicio de los poderes económicos supranacionales.

No somos ingenuos, sabemos que la exigencia de pruebas a Andrés Manuel López Obrador sólo pretende golpearlo políticamente, estamos conscientes de que ninguna institución que imparta justicia resolverá la grave crisis en materia de derechos humanos. Sin embargo, tenemos la esperanza de que en tribunales internacionales se alcance la justicia y sea nuestra generación la primera en ver a un expresidente mexicano enjuiciado y sentenciado por crímenes de lesa humanidad.

El asesinato de un gobernador mexiquense y el ascenso del Grupo Atlacomulco

* Los orígenes de la mentira, impunidad y corrupción como forma de gobierno en el Estado de México se remontan a 92 años con el gobernador Carlos Riva Palacio y el Partido Nacional Revolucionario (PNR), pero se agudizan con los tres pilares en los que se sustenta el Grupo Atlacomulco desde 1942. Uno, el asesinato del gobernador Alfredo Zárate Albarrán.

Félix Santana Ángeles

Toluca, México; 14 de marzo del 2017. Hace 75 años ocurrió uno de los asesinatos políticos que cambiaron el destino de nuestro país. Por décadas los miembros del Grupo Atlacomulco han intentado borrar sus orígenes ocultando biografías, despareciendo sucesos en la historia oficial mexiquense y han construido avenidas, mercados, escuelas y hospitales que, por costosos que sean, no dejan de ser ridículos cultos a la personalidad que intentan esconder la patología de su narcisismo para construir su propia versión de una historia que trata de imponerse a una realidad muy distinta.

Un ejemplo es el municipio de Metepec, donde se encuentra la avenida Gobernadores, que inicia con los bustos de Isidro Fabela y termina con Enrique Peña Nieto, borrando de un plumazo a todos aquellos que los antecedieron, como por ejemplo Alfredo Zárate Albarrán, gobernador en funciones asesinado por ocho impactos de bala de tres diferentes calibres el 5 de marzo de 1942, en el Centro Charro de Toluca, ubicado en la avenida Morelos, donde hoy se encuentran la oficinas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Nacido en 1900 en el sureño municipio de Temascaltepec, forjado en las trincheras zapatistas y militante del Partido Socialista de los Trabajadores (PST), Alfredo Zárate Albarrán fue secretario de Estadística del Partido Nacional Revolucionario (PNR) y presidente del Senado de la República antes de ganar la gubernatura del Estado de México, con más de 200 mil votos.

Al inicio de su mandato asumió el liderazgo del Bloque Permanente de Gobernadores, encabezados por el Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí y Sinaloa, quienes según el periodista Francisco Cruz en el libro “Negocios de Familia, la biografía no autorizada de Enrique Peña Nieto”, se reunieron el 18 de febrero de 1942 en el ayuntamiento de Mazatlán para analizar la situación del país, al borde de la Segunda Guerra Mundial. De aquella reunión acordaron implementar 17 medidas económicas para reactivar la economía nacional, así como instrumentar el servicio militar obligatorio en las escuelas públicas, desplazando de facto funciones exclusivas del Ejecutivo federal, lo cual fue tomado por Manuel Ávila Camacho como una afrenta personal.

Para suavizar las diferencias, en la primera plana de El Universal, Zárate Albarrán publicó el 4 de marzo de 1942 un mensaje dirigido al presidente de la República en el que explicaba que las reuniones con el bloque de gobernadores no pretendían impulsar un movimiento político para debilitarlo, sino por el contrario, tenían como fin cooperar con su obra de Unidad Nacional.

La respuesta no se hizo esperar. Al otro día, durante una comida convocada por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México para homenajear a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la cual asistieron ochenta personas, entre diputados locales y federales, senadores, ministros, magistrados y funcionarios estatales, el gobernador mexiquense fue baleado y murió tres días después.

El responsable del artero asesinato fue el diputado y presidente de la XXXV Legislatura local, Fernando Ortiz Rubio, quien además fungía como jefe de Tránsito de Toluca. Fue detenido de inmediato en la carretera a la ciudad de México y desaforado al siguiente día, 6 de marzo de 1942. Dos años más tarde, el 1 de noviembre de 1944 los ministros que habían participado de aquella trágica comilona otorgaron un amparo federal que permitió al asesino obtener su libertad. El crimen de Estado se había consumado.

De acuerdo con la Constitución local vigente en ese momento, el nuevo gobernador interino debería ser electo entre los miembros de la Cámara de Diputados local, ser ciudadano del Estado de México y contar con vecindad de al menos cinco años. De estos requisitos Isidro Fabela Alfaro no cumplía con ninguno de ellos violentando la Constitución. Sin importar ese detalle legal, el 16 de marzo de 1942 fue electo por 12 diputados locales con la promesa de convocar a la brevedad a nuevas elecciones.

En medio de la imposición, el Comité de la Federación Socialista del Estado de México hizo pública una carta el 17 de junio en la que responsabilizó al Congreso local de graves violaciones a la Constitución política estatal; sin embargo, ya nombrado gobernador, Isidro Fabela Alfaro designó a su sobrino Alfredo del Mazo Vélez como tesorero del Gobierno del Estado.

En el ensayo La Revolución comienza a los cuarenta, se documentó que Alfredo del Mazo Vélez corrompió con diez mil pesos a los diputados locales y tres mil pesos a cada uno de los 119 presidentes municipales para que el 4 de julio de 1942, durante el aniversario de la Proclamación de los Derechos del Hombre, la Legislatura local decretara que el gobernador designado el 15 de marzo continuaría su desempeño en carácter de sustituto hasta la conclusión del período 1941-1945, cancelando toda posibilidad de celebrar nuevas elecciones.

El cinismo en su gobierno fue una constante en el fundador del Grupo Atlacomulco, así lo muestra el Decreto 106 del 23 de diciembre de 1942, en el que la Legislatura local autorizó a Isidro Fabela residir fuera de la entidad, lo cual hizo desde el inicio de su administración, gobernando al Estado de México desde Cuernavaca y vía telefónica.

La corrupción y el saqueo de las arcas del gobierno estatal alcanzó niveles escandalosos, a tal grado que el 14 de junio de 1943 diputados federales de origen mexiquense y la Federación Socialista publicaron una denuncia en La Prensa y El Universal exhibiendo los entres fabelistas, los sobornos, complicidad y la corrupción de legisladores y funcionarios estatales.

Frente a los ataques desde la Federación, el gobierno usurpador de Isidro Fabela decidió imponer su sello autoritario y durante una sesión clandestina convocada por el nuevo gobernador, el 19 de junio de 1943, desaforaron a los diputados Sidronio Choperena, Juan Sánchez, José Jiménez, José Trinidad Rojas, Isidro Sánchez, Aurelio Vera y Andrés Francés, e invitaron al senador Alfonso Flores a solicitar licencia y abandonar su escaño. También hizo cambios en su gabinete deshaciéndose de los funcionarios leales a Zárate Albarrán y para evitar a la prensa opositora compró el periódico El Demócrata.

En los cambios, Alfredo del Mazo Vélez ascendió a secretario general de Gobierno y su espacio como tesorero lo ocupó su primo, Alberto Martínez Vélez. Ya en las nuevas listas de diputados locales       que sustituirían a los rijosos se encontraría el nombre de otro sobrino del gobernador, Antonio del Mazo Vélez. Años más tarde se conocería el acto de contrición de Isidro Fabela en el libro “Pueblecito mío”, donde confiesa que fue el mismo Ávila Camacho quien le pidió violentar la Constitución atendiendo su deseo confidencial de completar los cuatro años de gobierno.

Los orígenes de la mentira, impunidad y corrupción como forma de gobierno en el Estado de México se remontan a 92 años con el gobernador Carlos Riva Palacio y el Partido Nacional Revolucionario (PNR), pero se agudizan con los tres pilares en los que se sustenta el Grupo Atlacomulco desde 1942. Uno, el asesinato del gobernador Alfredo Zárate Albarrán. Dos, la traición a una promesa de celebrar elecciones. Tres, la corrupción de Alfredo del Mazo Vélez para comprar a presidentes municipales y diputados locales. Recuperar la memoria histórica de nuestro estado permitirá entender el grado de descomposición política y social que a nivel nacional padece nuestro país. Sirva este ensayo de modesto homenaje al gobernador mexiquense brutalmente asesinado y olvidado.

 

Psicosis… por ahora

* Volví a la tienda donde dos horas antes me habían encerrado y pregunté cómo les había ido con los vándalos. Las dependientas me miraron desconfiadas y en voz baja, para que no las oyera el gerente, me dijeron que “no sabemos bien, pero los saqueadores vendrán mañana”.

 

Sandra Rosas

Toluca, México, 4 de enero del 2017. “Nadie puede salir de los vestidores”, dijo una voz que no supe de dónde provenía. “Están entrando a las tiendas para saquearlas y recibimos la orden de bajar las cortinas, nadie puede salir hasta que no hayan pasado los manifestantes. Ya desmantelaron otros comercios en el centro”, explicaba la empleada.

Me vi entre vestidos que aún no me había probado y el miedo a que los delincuentes me despojaran de mis pertenencias. En esas estaba cuando un hombre abrió violentamente la cortina del vestidor con el pretexto de buscar a su novia, pues la angustia de lo que pudiera pasar lo había trastornado. No pensaba ni se le ocurrió preguntar nada antes de entrar en pánico. Cuando la encontró semidesnuda, quizás ajena al terror de los demás, se dio cuenta de que estaban atrapados en ese piso bajo y que la amenaza del asalto los había hecho zozobrar.

Las vendedoras dijeron desde la entrada de los probadores que avisarían cuándo salir. A pesar de la advertencia no quise quedarme. Salí, entregué los vestidos sin habérmelos medido para ver lo que pasaba afuera. Pero en el piso de arriba el ambiente era casi normal, aunque las cortinas seguían abajo. Las vendedoras animaban a pagar porque no querían que los clientes se fueran sin consumir.

Con mucho miedo pero mayor curiosidad, me asomé por las rendijas y lo que vi me desconcertó porque no pasaba nada.

La gente caminaba, otros comían, se entretenían frente a los comercios y se dirigían, en ruta de choque, hacia el miedo que había bajado aquellas cortinas. Eran los mismos que, a pesar del 20 por ciento de aumento a los combustibles, insistían en vivir con o sin gasolinazo.

Salí y caminé sobre la avenida Miguel Hidalgo, aún en el portal, con la intención de escapar. Llegué a la Vicente Villada sin ver más que gente sentada en las escalinatas de la plaza Gonzáles Arriata celebrando las bromas de los payasos, niños comiendo helados y adolescentes compartiendo bolsas de papas. En la esquina de Hidalgo y Villada un grupo de policías usaba radios para reportar que estaba todo en orden. Algunos se les acercaban queriendo saber mientras otros se formaban confiadamente en los bancos, porque si la tienda de ropa cerraba, no lo había hecho la banca mexicana, donde filas de hasta cincuenta personas alcanzaba la entrada de otros comercios como la camisería Men´s Fashion. Entonces subí a un taxi y me fui.

A la horda maldita nadie la había visto.

Poco más tarde regresé al centro y lo que encontré fue que en la avenida Hidalgo circulaban los autos apaciblemente, aunque la mayoría de las tiendas habían cerrado.

Alacranaba una tranquilidad sospechosa.

Volví a la tienda donde dos horas antes me habían encerrado y pregunté cómo les había ido con los vándalos. Las dependientas me miraron desconfiadas y en voz baja, para que no las oyera el gerente, me dijeron que “no sabemos bien, pero los saqueadores vendrán mañana”.

Mañana. En la Noche de Reyes.

No dijeron, sin embargo, a qué hora sería la cita salvaje, aunque su rictus denotaba seguridad, al menos la seguridad del que sabe lo que sucederá sin duda alguna.

– Pero ustedes vieron algo- insistí.

– No los vimos, pero van a venir.

Oooqueeeiii.

Salí desilusionada de la tienda. Esperaba un relato violento, encontrarme con el local reducido a polvo, quizás algunos golpeado –dios no lo quiso- y, en pocas palabras, la ciudad arrasada.

Inmersa en la ficción de una guerra que al menos en Toluca no pasaba del Facebook, me dirigí a la avenida Juárez en busca de los saqueadores fantasmas. La luz de la esperanza se atravesó en mi ruta porque, de pronto, una muchedumbre a la entrada del viejo centro comercial Woolworth, prometía el Mictlán. Me acerqué para preguntar qué pasaba, por qué estaban ahí. La tienda estaba repleta del todo.

¿Entonces? ¿Cómo? ¿Por cuáles calles pasaron? ¿De qué me perdí? Hasta pensé que me habían cambiado la ciudad.

Y es que, en serio, la gente esperaba en las puertas con algo en sus manos. Al principio creí que la multitud era parte de los saqueadores rezagados, esperando su turno. Un segundo después y desde mi amargor supuse que aguardaban por algún tipo de caridad, limosna o sobrantes de aquellos que salían cargando empaques de superhéroes reducidos a simple plástico.

Pero no.

Lo que tenían en las manos y sostenían como un tesoro eran bolsas de basura. Enormes, negras, sin fondo, necrófagas, fúnebres bolsas de basura.

Valían cinco pesos. Cinco miserables pesos y quienes las compraban lo hacían porque no querían que sus hijos –remember Día de Reyes- se desilusionaran si por casualidad los vieran llegar suplantando al tal Melchor y sus socios.

Había que aprovechar.

– Cinco pesitos, señorita- dijo uno de ellos.

Aproveché para preguntarle si había visto a los manifestantes.

No.

Insistí y le conté mi experiencia en la tienda de ropa.

No, no había visto nada y eso que tenía horas vendiendo ahí.

No. Entonces no. Y no.

Seguí caminando sobre el portal, ya ennegrecido por la tarde y la falta de luz, esas bombillas fundidas como esferas de Navidad.

Hice un par de fotos.

Pasaban patrullas y camionetas azules desde Instituto Literario hasta Quintana Roo presumiendo su poder. Enfrente de la Catedral pregunté a un policía que por qué.

Él me preguntó si era fuereña, porque si no sabría que “en Toluca nunca pasa nada. Aquí todo está tranquilo. Fue un chisme eso de los manifestantes. Donde estuvo rudo fue por allá, por el aeropuerto”.

Entonces –otra vez entonces- decidí irme a casa no sin antes mirar a los portales donde no habían caminado los vándalos aunque mañana se aparecerían y sembrarían el terror.

En las redes sociales se hablaba de una serie de asaltos a las tiendas Aurrerá, se enviaban videos de los saqueos, aunque apenas se reconocían cuerpos borrosos. Pensaba, mientras los veía, ya en casa, que el miedo devora las almas, como propondría Fassbinder en su película Angst essen Seele auf, o por lo menos las hace meterse a su casa y no sólo no cuestionar sino aceptar lo que los amos del país deciden y dar por hecho que el mal habita en el de enfrente, en el de abajo y no en las cadenas departamentales, en el sistema político y en una economía dependiente. Además de no ver que en un país donde el robo de las tiendas Soriana, Aurrerá o Walmart no sólo consiste en elevar los preciosos, sino en exigir, a través de las empleadas, un donativo o un redondeo.

“Tú eres el responsable de tu avance, de ti depende tu crecimiento”, dice el discurso de la venta. Con eso es fácil controlar, con la constante amenaza de perder. El mensaje que se nos ha mandado estos primeros días de enero es que siempre podrá ser peor si nos quejamos. Porque al quejarse y manifestarse, gente mala aprovecha la oportunidad para arrebatarnos el bienestar y la tranquilidad.

Mientras tanto, contemplemos las revueltas fantasmas en la capital de Enrique Peña.

Pobreza y educación

* La vieja máxima de la escuela como medio de ascenso social ha quedado para la caja del olvido, los datos así lo muestran, ya no es suficiente egresar de la universidad, las normales o de los tecnológicos, entre otros, para emplearse bien.

 

Luis Zamora Calzada

Las 8 millones 269 mil 852 personas en situación de pobreza en el Estado de México aumentarán en 2017 porque no existen las condiciones ni los programas gubernativos para que este número se reduzca. Es palpable que a los grupos en el poder les conviene mantenerlos en esa condición para sacar provecho en jornadas electorales venideras.

Las probabilidades de que aumente el número de 875 mil jóvenes sin perspectivas de desarrollo y sin empleo está latente, aun cuando sean en su mayoría egresados de educación superior porque simplemente no hay vinculación entre este nivel educativo y la infraestructura de producción y servicios existentes en la entidad estatal, razón por la que no “encuentran trabajo”.

La vieja máxima de la escuela como medio de ascenso social ha quedado para la caja del olvido, los datos así lo muestran, ya no es suficiente egresar de la universidad, las normales o de los tecnológicos, entre otros, para emplearse bien.

Las políticas educativas implementadas por el gobierno han sido las responsables de este fracaso en la materia y lo que se vive hoy en día es el peor conocido desde el siglo pasado al direccionar un ataque directo a los derechos laborales de los docentes y no ocuparse en un verdadero modelo educativo, tampoco en convocar a la construcción de un nuevo estilo de docencia entre el profesorado.

En plena euforia navideña y Año Nuevo se publicaron en el Diario Oficial de la Federación ─29 de diciembre de 2016─, los nuevos lineamientos de operación de la reforma educativa, se insiste en la continuidad de los cambios constitucionales y las leyes secundarias del artículo 3 y 73 a pesar de los grandes conflictos que ha generado, traduciéndose en otra clara inestabilidad de la escuela pública, a la que se agrega el asunto de los contenidos ya mencionados por el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) ─los presentará en febrero y se aplicarán por vez primera en el ciclo escolar 2018-2019─, sin excluir el tema de la infraestructura que utiliza bonos particulares aplicados a las instituciones públicas.

Respecto a los resultados de la prueba PISA, al parecer el gobierno apostó que con las fiestas decembrinas la opinión pública olvidaría que para alcanzar los 493 puntos en ciencias ─promedio de la OCDE─, México tardará décadas debido al nulo crecimiento de los últimos 15 años; tampoco se lograron avances en matemáticas y lectura, es terrible el dato de que en ninguna se logra al menos el uno por ciento de excelencia de los estudiantes evaluados, las escuelas privadas tampoco presentan mejores resultados.

A decir de Claudio X. González, creador de Mexicanos Primero, en su nota “PISA: ¡Adelante la reforma!”,  publicado en el diario Reforma el 7 de diciembre de 2016, señala: “Los hijos de los mineros del Reino Unido alcanzan el mismo promedio que los hijos de empresarios y funcionarios de México, con todos sus privilegios. No tenemos una base preparada, pero tampoco una élite preparada”.

“En resumen, un sistema educativo que le falla a cuatro quintas partes de cada generación es un sistema fallido. Los gobiernos locales tienen que hacer mucho más. Es pasmosa la irresponsabilidad de muchos mandatarios locales. Es hora de llamarlos a cuentas.

“Sin educación no hay ciudadanía y libertad posibles; y sin libertad y ciudadanía no puede haber democracia, Estado de Derecho, justicia y prosperidad perdurables”.

De todo la anterior se deduce que la política educativa que encabeza la SEP ha fracasado, y eso es un  fracaso de la autoridad, no de los maestros, la irracionalidad burocrática que administra tiene secuestrada la creatividad pedagógica de los docentes y no cuenta el gobierno con propuestas de docencia que induzcan a pensar, tema totalmente alejada y diferente a la de contenidos que pretenden imponer en educación básica y media superior.

El gobierno finge desconocer que daña a la educación el uso de las escuelas para fines electorales o como instrumento recolector de datos para otras dependencias gubernativas, entorpecen los tiempos para la docencia y esto no lo provoca el maestro, lo instrumenta el gobierno.

 

Más pobreza

 

El Feliz Año Nuevo ─ferviente deseo en los sectores populares─, quedó en un simple decir, la gente así lo sintió. Los campesinos, obreros, trabajadores de las ciudades, profesionistas, asalariados con menos de tres salarios mínimos, maestros, burócratas que no se encuentran en las cúpulas con ingresos y aguinaldos millonarios manifestaron que nada hay que festejar y la felicidad no se ve en el horizonte cercano.

Este primero de enero no fue como en años anteriores, el panorama nada alentador incrementó el desánimo y enojo social, algunas palabras de Peña Nieto en un mensaje para muchos sonaron como una burla a los mexicanos: “…vivir este año 2017 al máximo. Amar, aprender, compartir sin límites creyendo en nuestro país y en nosotros los mexicanos”, dijo.

El aumento de las gasolinas y el diésel, aunado a la devaluación del peso frente al dólar redujo irremediablemente sus ingresos, afectando la subsistencia de las familias, lo saben los enlistados y muchos no incluidos en ella.

La entrada en vigor de los nuevos precios de la gasolina magna a 15.99 pesos; la Premium a 17.79 y diésel a 17.05 pesos representó un aumento agresivo ordenado por el gobierno que atenta contra la economía de las clases más empobrecidas.

Estos precios variarán en diferentes partes de México, y la Comisión Reguladora de Energía ─dividió al país en 90 regiones─ estableció para la ciudad de México un precio de entre 16.27 a 16.33 pesos en diferentes delegaciones. Para el Estado de México, por la región en que fue ubicado, se pretende que los mexiquenses paguen 16.59 pesos por cada litro de Magna, lo que por supuesto constituye una ilegalidad y una inequidad manifiesta en contra de la población.

En tanto, la autoridad continúa igual, es indiferente a todo tipo de manifestación, cierre de carreteras o lo que se diga en las redes sociales, se niegan al diálogo, hay cerrazón, autoritarismo; no hacen caso de nada, prefieren jugar golf, centrando su actuar en la emisión de propagandas y comerciales distantes de la realidad en su totalidad.

Las palabras del secretario de Hacienda y Crédito Público ilustran el autismo gubernativo sexenal al asegurar que el aumento a la gasolina es una determinación para cuidar las finanzas públicas y expresó que en México se consumen 190 millones de litros al día, por lo que debe ajustarse el precio por las condiciones de costo y del mercado ─no puede el gobierno subsidiar un peso por litro, implicaría perder 190 millones de pesos diarios─, cerró diciendo que hay un costo máximo y un precio por región que estará en movimiento de “acuerdo a las circunstancias internacionales”.

Es desconocido para algunos que en esta administración se implementó el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), para los combustibles se estableció una cuota fija en el 2016 por este concepto. Por cada litro de gasolina vendida la recaudación para Hacienda fue, para la Magna, 4.16 pesos; para la Premium 3.52 pesos y para el diésel 4.58. El IEPS les permitirá captar este año 284 mil 432 millones de pesos que saldrá de los bolsillos del consumidor, según datos de la Ley de Ingresos de este año ¿Qué porcentaje de este recurso terminará en la corrupción o en la compra de votos en las elecciones por venir?

A esto se agrega el precio del dólar con una cotización de más de 21 pesos por billete verde, quedando demasiado lejos el tipo de cambio del 2012, con un costo de 12.9 pesos;  con mil pesos se compraban 77.5 dólares, al precio actual únicamente se obtienen 47.4 billetes gringos, lo que marca con claridad el empobrecimiento de los mexicanos.

También entró en vigor el salario mínimo de 80.04 pesos. Entonces se necesitará trabajar cuatro días para comprar 20 litros de gasolina Magna pagando 319.80 pesos. Le sobrará al trabajador 36 centavos para gastar en lo que quiera, quizá por esta razón las despensas serán la moda anual y del año venidero. Empobrecer para ganar parece ser la fórmula maquiavélica de los que gobiernan.

La cadena de aumentos no esperará, los productos básicos ya subieron sus precios de manera inmediata, el transporte lo hará irremediablemente, las promesas gubernativas y la gran mentira de un mejor nivel de vida queda para las cúpulas, el pueblo tiene que luchar para sobrevivir, eso lo deja claro el gobierno con esta acometida.

México en llamas

* La toma de casetas y bloqueos de gasolineras contrastaban con el método de los que robaron: las primeras, casi todas pacíficas y encabezadas por ciudadanos y organizaciones y por otra los asaltos a centros comerciales dirigidas por embozados de disciplina castrense mostraron que la perversidad del Estado no ha encontrado su límite.

 

Félix Santana Ángeles

Toluca, México; 4 de enero del 2017. En su cuenta de twitter el secretario general de Gobierno del Estado de México, José Manzur, continúa su campaña personal para competir como candidato para la gubernatura enviando felicitaciones y abrazos y la página web del Estado brinda recomendaciones para la temporada invernal. El Ejecutivo mexiquense, el priista Eruviel Ávila registró su última actividad en redes sociales el 26 de diciembre de 2016, a las 13:31 anunciando el retiro de escombros por la explosión del mercado de San Pablito en Tultepec, antes de reaparecer en Panamá, el 3 de enero del 2017, firmando con sus pares “lazos culturales y turísticos entre sus territorios”.

En estos 10 días de ausencia gubernamental y bajo el grito de “fuera Peña” y “no más gasolinazos”, el Estado de México inició el 2017 en medio de una grave crisis social por el aumento de la gasolina, la cual se ha manifestado con bloqueos carreteros en vialidades primarias la entidad, saqueos de tiendas de conveniencia, centros comerciales, tomas violentas de gasolineras e intentos por incendiarlas, traslado clandestino de combustibles, retención de pipas propiedad de Pemex y actos vandálicos contra unidades del Mexibús.

De acuerdo con reportes oficiales de la Comisión Nacional de Seguridad Pública, la irritación popular ha bloqueado, en dos días, 41 vialidades: 22 carreteras el 2 de enero y 19 autopistas el día 3, afectando a 16 estados de la república, de las cuales los mexiquenses molestos tomaron las carreteras México-Toluca, Toluca-Naucalpan, México-Querétaro, Lechería-Chamapa, Santa Bárbara-Izúcar de Matamoros, México-Pachuca y Texcoco-Ecatepec.

Adicional a los bloqueos se registró una serie de protestas como la de San Francisco Zacango, municipio de Acolman donde los inconformes destruyeron una patrulla municipal y tomaron la estación de servicio de gasolina 11086, regalando el combustible en protesta. Por su parte, en Chiconcuac, detuvieron un camión que transportaba material de construcción pero también trasladaba clandestinamente 11 mil litros de diésel.

En el municipio de donde es originario el gobernador, los vecinos de Santo Tomás y Santa María Chiconautla en Ecatepec detuvieron una pipa de Pemex y regalaron su contenido, sin embargo, en medio de las protestas y bloqueos carreteros, manifestantes vandalizaron 11 unidades de las cuales a cinco les quebraron los vidrios, todas ellas pertenecientes a la Línea 1 del Mexibús que circula de Ciudad Azteca a Ojo de Agua. Obviamente, el servicio de transporte masivo quedó detenido.

Al norte de la entidad, en el paraje Puerto de Chivos, entre Atizapán y Nicolás Romero, con el pretexto de inconformarse por el aumento de la gasolina, un grupo de encapuchados saquearon las tiendas Oxxo y Chedraui destruyendo los establecimientos. Los robos se detuvieron, según denuncias en redes sociales, después de una larga y sospechosa espera por elementos del ejército y la policía federal pero  la ausencia de la autoridad municipal y estatal.

El miedo se extendió hacia el municipio vecino de Naucalpan creando un ambiente de psicosis, exhortando a no salir a las calles, donde manifestantes realizaban protestas y bloqueos en la avenida Luis Donaldo Colosio en la colonia Loma Linda. También  Periférico Norte fue bloqueado a la altura de la avenida Primero de Mayo que comunica al Mexipuerto de Cuatro Caminos con la carretera México-Toluca.

En Tultepec vandalizaron una gasolinera y saquearon una tienda Súper K, en las zona limítrofe con el municipio de Cuautitlán; en la colonia Praderas de Tutitlán saquearon una gasolinera y una tienda de conveniencia “Extra” ubicada frente a Plaza Jardines; en Xonacatlán presuntos manifestantes saquearon Bodega Aurrerá, por lo que propietarios de comercios en el centro de la localidad cerraron ante el temor de ser saqueados.

En Tepotzotlán ciudadanos inconformes abrieron la caseta de la autopista México-Querétaro permitiendo el paso a los usuarios, sin pagar peaje. En Valle Dorado, municipio de Tlalnepantla, vecinos tomaron la estación de servicio de gasolina, que se encuentra sobre avenida de los Jinetes.

Finalmente, en la capital del estado, manifestantes bloquearon la carretera México-Toluca, el saldo fue cinco detenidos por la Policía Federal, posteriormente transportistas marcharon con rumbo al Palacio de Gobierno estatal  generando una mayor carga vehicular. Al momento se han registrado 46 detenidos por actos de rapiña en tiendas de autoservicios.

La furia desatada pronto tomó otro perfil porque grupos de choque fueron enviados por el gobierno federal para simular la violencia. La toma de casetas y bloqueos de gasolineras contrastaban con el método de los que robaron: las primeras, casi todas pacíficas y encabezadas por ciudadanos y organizaciones y por otra los asaltos a centros comerciales dirigidas por embozados de disciplina castrense mostraron que la perversidad del Estado no ha encontrado su límite. La mano más dura del gabinete de Enrique Peña Nieto mece una vez más la cuna que se le ha encomendado y el sello de Luis Miranda Nava, secretario de Desarrollo Social, muestra cómo se opera ante las contingencias. La violenta personalidad de Miranda Nava termina por utilizar a organizaciones como Antorcha Campesina para crear las condiciones idóneas: caos controlado desde la infiltración que justifique la entrada del ejército, permitida ya desde las modificaciones a la Ley Reglamentaria del Artículo 29, impulsada entre otros por el priista César Camacho Quiroz y que autoriza un Estado de Excepción derivado de perturbaciones graves y la consiguiente anulación de todas las garantías ciudadanas. El PRI sabe que perderá el Estado de México en las próximas elecciones pero también que para gobernar no necesita ganar ningún proceso. Al grupo político de Peña Nieto le basta con sembrar el terror y seguir aliado a las fuerzas de seguridad. Por lo pronto, lo único seguir es que la pérdida del Edomex representa olvidarse de la Presidencia de México.

En el escenario del desabasto de combustibles campea el aumento del precio de la electricidad en el sector industrial, de 3.2 a 4.5 por ciento, porque el gobierno federal ha decidido asumir el costo de las pensiones de la Comisión Federal de Electricidad beneficiando al Sindicato afín al PRI; la liberalización del precio del gas LP también aumentará su costo por tanque de 20 kilogramos, de 231 a 270 pesos; vendrá una cascada de aumento en los precios de los alimentos, transporte y bienes básicos, generando una espiral inflacionaria de pronóstico reservado si se concretan los dos gasolinazos más, previstos para el 4 y 11 de febrero y el inicio de incrementos permanentes a partir del 18 de ese mes.

La protestas ha comenzado a salirse de control, la violencia se asoma peligrosamente y la tentación gubernamental de imponer un Estado de Excepción se hace cada vez más presente para imponer una pax porfiriana. Si no se da marcha atrás al aumento de los precios de los energéticos por parte del gobierno, se avanzará en una espiral autodestructiva que abiertamente puede detonar la violencia que por largas décadas la oposición política electoral ha retardado. Y en ese escenario todos perdemos por culpa de la rapacidad del modelo neoliberal y las empresas multinacionales y la corrupción e incompetencia de la clase política gobernante.

La disputa por la Ciudad de México

 

* Lo que se debate en la Asamblea Constituyente son dos visiones de ciudad que en la práctica se disputan el territorio, por un lado la que mantiene las inercias, ineficiencia, opacidad y beneficios, y otra que intenta con este nuevo ordenamiento constitucional, implementando criterios internacionales de ciudades inteligentes, sustentables, densas, compactas, en la que el interés público sea el criterio que prevalezca sobre el privado, que atienda la movilidad colectiva y la expansión horizontal para facilitar la dotación de servicios públicos básicos, en beneficio de las mayorías.

 

Félix Santana Ángeles

El proyecto de Constitución de la Ciudad de México (CDMX) ha despertado fuertes pasiones políticas e ideológicas en los debates sobre el tipo de ciudad al que se aspira construir. Estas discusiones, en un ambiente de libertad, es un síntoma positivo para recuperar la normalidad democrática que abruptamente fue coartada por la intolerancia política implementada al inicio del presente sexenio.

Sin embargo, el verdadero desafío que enfrentará la nueva Constitución se encuentra enquistado en los poderes fácticos que durante décadas se han beneficiado de la corrupción gubernamental, incompetencia administrativa y complicidades políticas que les han permitido apropiarse de inmuebles, predios, espacios públicos, vialidades, equipamientos o servicios, privatizando los beneficios y evadiendo los costos correspondientes.

Con la finalidad de mantener las inercias y privilegios para que los debates de la Asamblea  Constituyente sean sólo un ejercicio de gatopardismo, donde las cosas cambien para seguir igual, se han desatado intensas campañas para cuestionar, desde su legitimidad, la viabilidad del nuevo orden constitucional. Obedece a un cálculo político para descalificar, y con ello, diferenciarse de los partidos “tradicionales”, y es que si resulta exitosa su estrategia, en el corto plazo podrá redituar en ganancia electoral, incluso a costa de los beneficios para la ciudad.

La campaña más preocupante es la que encabezan los representantes de los intereses inmobiliarios de la zona metropolitana, quienes sin ningún rubor utilizan como voceros a cuestionables historiadores que se venden como los escritores más leídos en México para calificar a la nueva Constitución como un proyecto comunista y que, a su entender, pretende desaparecer la propiedad privada. Ahora no debatiré sobre las fobias personales del vocero con oficio de historiador, quien denomina a la Constitución “aborto republicano”, “abyecto atentado a la Carta Magna” o “engendro legaloide”, porque sería darle credibilidad a cualquiera de sus 27 novelas calificadas por el gremio de historiadores como combinación de historia con mucha ficción.

El cabildeo de diputados constituyentes mantiene abierta campaña en contra de lo que, en el argot de los urbanistas, se conoce como “captura de plusvalías”, que se ubica el artículo 21, inciso C, párrafo 7. Y no deja de llamar la atención, pues con una inteligente y argumentada participación, como diputados, podrían convencer a sus compañeros para que esta disposición no sea incorporada en el proyecto de Constitución.

Pero se ha optado por la denostación a través de la comentocracia en diarios de circulación nacional, de reuniones privadas con vecinos de zonas ricas de la ciudad y reuniones con empresarios inmobiliarios con fuertes intereses económicos, incluso han promovido la aparición de propuestas en la plataforma change.org dirigidas al jefe de Gobierno para que retire lo que ellos han calificado como el fin de la propiedad privada.

En esta vorágine de información cabe preguntarse por qué y quién tiene pavor a las disposiciones de regulación del suelo en la CDMX propuestas en el proyecto de Constitución. La respuesta se puede configurar al leer el primer párrafo de ese apartado: “Esta Constitución reconoce la función social del suelo y la propiedad en los términos del artículo 27 Constitucional”.

Es decir que se afirma como factor estratégico el suelo de la ciudad para dirigir el ordenamiento del territorio como elemento vital, capaz de realizar una contribución específica al conjunto de la sociedad. Es una primera respuesta al conjunto de problemas que aplasta a la población de la ciudad de México y una señal para que el gobierno asuma un papel de autoridad con responsabilidad social en los cambios de usos de suelo, autorizaciones de conjuntos habitacionales, introducción de infraestructura, vialidades, servicios y ubicación de nuevos equipamientos.

En otras palabras, es mentira que se acabe con la propiedad privada, más bien esa resistencia es una vulgar campaña para evitar pagar los costos de aquellos promotores que se han beneficiado con el tráfico de influencias, el corporativismo o las falta de transparencia en los cambios de usos de suelo, autorizaciones o emisiones de licencias sin cumplir con la normatividad, corrompiendo a funcionarios públicos y generando daño irreversible a la ciudad.

El párrafo 7, que aborda la llamada “captura de plusvalías” se describe de la siguiente manera: “Los incrementos en el valor del suelo derivados de la inversión y los servicios públicos, y de los cambios en las normas y regulaciones en el uso del suelo, son parte de la riqueza pública de la ciudad. La ley establecerá los instrumentos para su recuperación”.

Este apartado, calificado como “absurda confiscación marxista-chavista-castrista”, no significa la cancelación o muerte de la propiedad privada, sino la recuperación de la inversión pública que a lo largo de los años se ha realizado en forma de infraestructura, vialidades, equipamientos o cambios de usos de suelo por decisión gubernamental, beneficiando las zonas, predios e inmuebles sin inversión directa de sus propietarios.

Tampoco es un doble cobro de impuestos porque el predial grava la propiedad, su construcción, dimensiones e incluso antigüedad, en tanto la recuperación de plusvalías revaloriza el terreno por la ejecución de obra pública, por lo que el incremento de su valor debe formar parte de la riqueza de la ciudad, la cual será redistribuida en beneficio de la población de menores ingresos facilitándoles acceso al suelo y la vivienda, mejorando el hábitat, tal como lo dispone el proyecto de Constitución.

Este tipo de recuperación de inversión pública es una práctica común en el mundo y existen países que han desarrollado esta actividad con éxito sin precedentes, fortaleciendo las finanzas gubernamentales, como en el caso de Brasil, Colombia, Taiwán o la India. En el caso mexicano se posibilita con la recién aprobada Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano que prevé este tipo de instrumentos en su artículo 10 y 90; y se constata su tendencia internacional con la Declaración de Quito, realizada por la agencia de las Naciones Unidas, Hábitat III.

Lo que se debate en la Asamblea Constituyente son dos visiones de ciudad que en la práctica se disputan el territorio, por un lado la que mantiene las inercias, ineficiencia, opacidad y beneficios, y otra que intenta con este nuevo ordenamiento constitucional, implementando criterios internacionales de ciudades inteligentes, sustentables, densas, compactas, en la que el interés público sea el criterio que prevalezca sobre el privado, que atienda la movilidad colectiva y la expansión horizontal para facilitar la dotación de servicios públicos básicos, en beneficio de las mayorías.